lunes, 18 de abril de 2011

Explotación de obreros portugueses en Galicia


Nóminas de 500 euros al mes por jornadas de 10 horas de trabajo. No es Bombay, es Galicia. El pinchazo del ladrillo ha arrasado 33.000 empleos en la construcción gallega en los últimos 3 años, pero no ha podido con la subcontratación de mano de obra de bajo coste procedente de Portugal que, aunque mermada por la caída de la carga de trabajo, aflora con fuerza y de manera especial en cada convocatoria de obra pública.

El inicio de la construcción del nuevo hospital de Vigo es en estos momentos el gran centro de atracción en todo el sur de Galicia para pequeñas empresas lusas adjudicatarias de las constructoras de primer y segundo nivel. Aparentemente, todo se ajusta a la legalidad. La ley permite a las empresas portuguesas trabajar en España siempre y cuando paguen lo establecido en el convenio sectorial. Pero las nóminas de los trabajadores lusos empleados por una subcontrata en las obras del futuro hospital a las que ha tenido acceso La Voz confirman diferencias salariales que rozan la explotación si se comparan con el sueldo estipulado por el convenio. Según el documento, la remuneración por hora es de 2,86 euros, mientras que el mismo trabajo realizado por un operario español se paga a entre 8 y 10 euros la hora, (las horas extras, a 18 euros), según establece la normativa laboral del sector.

De este modo, el sueldo que un trabajador portugués se lleva a fin de mes ronda los 550 euros, unos 100 euros más que el salario mínimo en el país vecino; y las empresas cotizan a la seguridad social lusa, cuyo coste es un 50 % más bajo.

Pero las empresas subcontratadas al otro lado del Miño niegan esta realidad. «Pagamos bien. Los trabajadores portugueses perciben la cantidad ajustada al convenio. Los 2,86 euros por hora se corresponden con el salario base de cotización. Ninguno gana menos de 1.400 o 1.500 euros», asegura el portavoz de una firma lusa que trabaja en Vigo. «La ley nos permite trabajar en España, pero estamos sufriendo una persecución por parte de los sindicatos y de empresas españolas», denuncia.