A dos días de que se celebre el último Consejo de Ministros con el PSOE al frente (aunque en funciones), ayer se conocía, precisamente por fuentes socialistas, que el acuerdo para la firma de la nueva serie de Buques de Acción Marítima (BAM) que se construirían en la Bahía de Cádiz no se va a ratificar en dicha sesión.
La diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez, portavoz de la Comisión de Defensa, emitió ayer un comunicado en el que daba cuenta de este extremo, pero con un matiz importante: el acuerdo está cerrado, pero ha sido el PP el que no ha considerado oportuno llevar este asunto al Consejo de Ministros.
La propia Mamen Sánchez, en declaraciones a este periódico, dijo ayer que "he hablado personalmente con la ministra de Defensa, Carme Chacón, y me ha trasladado que en este periodo de interinidad, en el que no se puede aprobar nada sin el consentimiento del futuro Gobierno, el PP no considera prioritario el tema de los BAM y por eso no lo llevan al Consejo de Ministros".
Según el comunicado del PSOE, "el Gobierno socialista ha dejado todo preparado para que el nuevo Gobierno del PP pueda llevar el contrato de las nuevas unidades del BAM al Consejo de Ministros". Además, detalló que después de mantener durante la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados (celebrada ayer) un encuentro con la ministra de Defensa, Mamen Sánchez destacó que "a pesar de nuestra intención en sentido contrario, no hemos podido llevar ese asunto al Consejo de Ministros porque el PP no lo ha autorizado en este periodo de interinidad en el que el Gobierno ha consensuado cualquier asunto de relevancia con el partido que ganó las elecciones".
Por ello, la diputada socialista añadió que "esperamos y deseamos que, dado que todo ha quedado dispuesto, ésta pueda ser una de las primeras acciones que impulse el futuro Gobierno del PP en cuanto tome posesión y asuma efectivamente esa responsabilidad".
En el comunicado, la diputada socialista por Cádiz dio más datos y se refirió a cómo está la negociación en la que se aborda el futuro de las cinco unidades de buques BAM que deben formar esta segunda tanda. Hay que recordar que tres tendrán características similares a los cuatro ya construidos por los astilleros gaditanos. Un cuarto buque tendrá características de buque oceanográfico, y el quinto será para Salvamento Marítimo.
En este sentido, Mamen Sánchez explicó que "de las cinco nuevas unidades de los BAM, tres tienen ya cerrado su diseño. Y, con vistas a cerrar por completo el de los otros dos, representantes de Navantia y de la Armada vienen reuniéndose prácticamente cada diez días". La diputada quiso enviar un mensaje de tranquilidad a las plantillas de los astilleros de la Bahía. "Los trabajadores deben saber que hemos cumplido con nuestro compromiso y con nuestra responsabilidad. Ahora le queda al nuevo Gobierno cumplir el último trámite formal, lo que confiamos que se produzca a la mayor brevedad una vez haya tomado posesión", aseguró.
Esta decisión contrasta con los sucesivos compromisos expresados por la propia ministra de Defensa en sus recientes visitas a la provincia. En el mes de marzo (imagen inferior), Chacón anunciaba que en cuatro meses estaría lista y cerrada la propuesta para la contratación de los cinco buques para la Armada.
Posteriormente, en julio pasado (imagen superior), de nuevo la titular de Defensa aseguró en la ceremonia de entrega del primer BAM de la primera serie contratada, que la segunda fase sería aprobada ese mismo día (29 de julio) por el Consejo de Ministros. Además de la ministra, muchos cargos socialistas han ido asegurando en los últimos meses que la firma era cuestión de semanas.
Esta tesis fue la que siguió ayer, como primera valoración, el presidente del comité de empresa del astillero de Puerto Real, Ramón Linares. Aseguró que "el PSOE ha tenido tiempo más que suficiente antes de las elecciones como para sacar esto adelante. Ahora tratan de poner la pelota en el tejado del PP, que evidentemente la tiene, pero decir esto de esa manera es una deslealtad tremenda hacia los trabajadores. Esperemos que el nuevo Gobierno tome cartas". En la misma línea el portavoz de los tres comités, José Antonio Oliva, expresó que "es una necesidad que lo primero que haga el nuevo Gobierno del PP sea dar prioridad a este asunto". Así, indicó que este viernes tienen previsto mantener un encuentro con José Loaiza, en su calidad de alcalde isleño, "pero al ser también presidente provincial del PP le preguntaremos, sin duda alguna, por este asunto".
Precisamente, el presidente popular, José Loaiza, valoró ayer en declaraciones a este periódico el comunicado de Mamen Sánchez. Lo primero que dijo fue que "los BAM ya llevan meses de retraso y lo cierto es que si el PSOE hubiera querido desbloquear este asunto lo podría haber hecho hace meses, porque plazo ha tenido". Además, Loaiza indicó que "es una excusa del PSOE por no haber cumplido con lo que prometió e intenta poner el parche al nuevo Gobierno"
Por último, el líder del PP de Cádiz aseguró que "es una pena que antes de que el nuevo Gobierno tome posesión se haga demagogia con un tema vital para esta provincia como es el sector naval y el empleo".
Sobre las pensiones mínimas, Toxo dijo esperar que Rajoy mantenga lo anunciado, es decir, que se atenga al cumplimiento de la ley y, por tanto, a que se equiparen al crecimiento de la inflación. "Esto supondría que las pensiones mínimas no mejorarían", advirtió. Lo mismo espera en el caso del salario mínimo (ahora en 641 euros), que "debe tener una evolución que al menos compense el efecto de la inflación". En la reunión que mantuvo hace dos semanas con Rajoy, el dirigente sindical no obtuvo respuesta sobre qué sucederá con los salarios en el empleo público.
Aunque el próximo presidente del Gobierno marcó la fecha del 6 de enero como límite para que sindicatos y patronal alcancen un acuerdo en temas como absentismo, mutuas o contratación, Toxo insistió ayer en que no se siente concernido por ningún plazo. "Ya nos hemos equivocado mucho en fijar plazos perentorios en negociaciones que han fracasado estrepitosamente", señaló. Advirtió también de los riesgos de que el Gobierno irrumpa en una negociación en la que ambas partes tienen voluntad de acuerdo.
Precisamente, ayer los agentes sociales mantuvieron una nueva reunión para acercar posturas sobre la solución extrajudicial de conflictos, un asunto en el que las negociaciones están muy avanzadas, hasta el punto de que ambas partes podrían firmar un acuerdo antes de Navidad. Fue también la primera ocasión en que sindicatos y patronal hablaron sobre la propuesta de la CEOE de pasar los festivos que caigan en mitad de la semana a lunes, un tema sobre el que las centrales están dispuestas a hablar aunque muestran sus dudas.
Por otro lado, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, planteó ayer que las bonificaciones a la contratación se destinen a sufragar indemnizaciones por despido, es decir, recuperar el llamado modelo austriaco, en el que cada trabajador cuenta con una mochila en la que a lo largo de su carrera acumula una cantidad que puede usar para formarse o bien recibir en caso de despido o jubilación. Para Toxo, esta es una de las posibilidades, aunque señaló las dificultades de ponerla en marcha en la coyuntura actual.
Sí fue muy crítico con la idea lanzada por la patronal y repetida ayer por su presidente, Juan Rosell, de intentar trasponer a España los minijobs de Alemania: empleos de pocas horas con salarios de unos 400 euros. Una propuesta que no ayudaría a las negociaciones entre sindicatos y patronal.
La petición del Ministerio Público se produjo después de que la titular del inmueble Zaragoza Urbana lo requiriera igualmente como afectada por la ocupación de los activistas. Estos han transformado las instalaciones en un punto de encuentro de la ciudadanía donde se organizan talleres, conferencias y conciertos en respuesta a años de abandono de un inmueble que estaba llamado a ser el primer hotel de cinco estrellas y cuyo proyecto se quedó en el camino.
Dicha medida debía ser autorizada por el juez que instruye la denuncia que formuló la promotora a finales de julio. Un escrito que por reparto recayó en el juzgado de Instrucción nº1 de Cádiz. Fuentes policiales consultadas por este medio confirmaron ayer que la unidad adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional estaba realizando las primeras notificaciones a las cabezas visibles del movimiento 'Valcárcel Recuperado' para que procedan a desocupar pacíficamente el inmueble. Para realizar esa tarea, los agentes han tenido que echar mano de la documentación que fueron elaborando durante los primeros días de ocupación en junio, identificando a los supuestos cabecillas de los okupas. No está siendo una labor fácil ya que el movimiento se nutrió de una amalgama de personas, algunas sin domicilio fijo o incluso con residencia fuera de la ciudad. Estos activistas deberán comparecer en el juzgado donde se les comunicará su condición de denunciados y la obligación de abandonar Valcárcel en un determinado plazo.
Cuando se confirmó la denuncia interpuesta por Zaragoza Urbana, días después los representantes de la firma fueron citados en sede judicial para ratificar el contenido de la misma y para que aclararan algunos aspectos como las medidas que planteaba para restituir el estado anterior del inmueble. Entre las preguntas que les formularon fue si pedían expresamente el desalojo de Valcárcel y la respuesta de Zaragoza Urbana fue afirmativa. Ante esa demanda de la parte perjudicada, el Ministerio Público emitió un informe favorable al desalojo que entregó al juez el 14 de noviembre.
Los argumentos esgrimidos por la promotora es que existe riesgo de derrumbe y peligro para los okupas, algo que también ha apoyado la Fiscalía en su informe. La denuncia de Zaragoza Urbana no iba en contra de ninguna persona física sino que su acción legal pretendía un desalojo que se antoja incómodo por el tiempo que ha transcurrido desde que el fiscal lo pidió y aún no se ha llevado a cabo.
El mal estado del edificio ha sido siempre rechazado por los protagonistas del primer movimiento masivo de ocupación en la ciudad, que alegan a su favor que desde que se ha recuperado el inmueble, lo han adecentado. Además, tras conocerse en julio la denuncia de la promotora, esgrimieron un informe que ellos mismos encargaron donde se negaba cualquier peligro de derrumbe.
Lo cierto es que con el paso de los meses, el ímpetu inicial y la actividad cultural se ha ido diluyendo, con algún repunte puntual, y dentro de los activistas empezaron a aparecer las primeras fisuras a raíz de la propuesta de algunos de ofrecer techo y trabajo a indignados de otras zonas del país. Aunque el movimiento siempre ha denominado Valcárcel como una suerte de casa de pueblo, de uso público, el acceso a las propias instalaciones llegó a estar en manos de unos pocos: aquellos que custodiaban con celo las llaves tras instalar sus propios cierres.
La orden de desalojo llega días antes de que se celebre los seis meses de ocupación para lo cual los okupas habían preparado una programación de actos. La orden de desalojo puede tener un efecto llamada, que reactive el movimiento de indignados en la ciudad. En el caso de que no se produzca una salida pacífica, el juez pasaría a ordenar a la Policía que ejecute la orden.
Durante los días 15 y 16 del mes en curso, hemos realizado tres catas en donde presumiblente se encontraba la fosa común de los fusilados en la guerra civil. Dirigiendo los trabajos el arqueólogo Alfonso Pando de la delegación de Cultura.
En la primera cata al empiezo de la calle tiene una longitud de 1,40x1,40 y 1,50 de profundidad, dando un resultado negativo de ninguna señal de cuerpos y objetos.
La segunda cata realizada al fondo de la calle con una longitud de 1,40x1,40 y 80 de profundidad, dieron los primeros indicios de existencia de cuerpos y objetos. Apareciendo los primeros cuerpos y objeto como zapatillas.
En la tercera cata y ultima se hizo a unos 4 mts de separación de la primera cata con una longitud de 1,40x1,40 y 1,05 de profundidad dandose indicios de cuerpos y objetos como zapatillas y casquillo de bala.
El día 16 el medico forense Agustín Sibon ratifico la fosa común de fusilados de la guerra civil.
Seguidamente por orden expresa del medico forense y arqueólogo se volvió a tapar la fosa con tela de Geotextil y plastico para su conservación hasta el momento de su exhumación por completo.
A partir de estos momentos la Asociación empezaremos a realizar los tramites necesarios para la exhumación, esperando no sea en muy largo plazo.
Es por ello que desde Valladolid y otras ciudades hemos exigido durante el día de hoy, que la Biblioteca adquiera el compromiso y cumpla con la legalidad mediante la contratación fija directa del personal que desempeña sus funciones en la entidad.
En Valladolid realizamos un piquete informativo en la Biblioteca Pública, también conocida como Biblioteca de San Nicolás, informando a los trabajadores y usuarios de la misma de las condiciones existentes en la Biblioteca Nacional, teniendo una buena acogida la información repartida.
INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO
En septiembre del año pasado, la CNT de Madrid inicia un conflicto contra la Dirección de la Biblioteca Nacional de España por sus prácticas de cesión ilegal con los más de 400 trabajadores subcontratados que mantiene en su plantilla y que están siendo represaliados y despedidos por denunciar su situación de precariedad laboral. Nuestras compañeras Begoña y Sara – del Departamento de Música – y nuestra compañera Marta – del Área de Relaciones Institucionales – fueron de las primeras represaliadas por denunciar su situación de contratación irregular, habiendo sido despedidas y trasladadas a las oficinas de la empresa contratista Indra donde todavía permanecen secuestradas hasta la resolución del proceso judicial.
A estas alturas del conflicto, muchos han sido los compañeros que han demandado su situación de cesión ilegal de trabajadores. La Biblioteca Nacional tiene 18 procesos abiertos por este motivo, entre los que se encuentran las más recientes demandas de nuestras compañeras Aurora – del Salón General – y Raquel – de Prensa y Revistas.
En este contexto de reivindicación de derechos laborales, la Dirección de la Biblioteca Nacional anuncia una política de despidos masivos que se inicia con 16 compañeros del Departamento de Música. Entre este personal bibliotecario se encuentra nuestra compañera Lidia, despedida tras 9 años de trabajo en una situación clara de cesión ilegal. Estos despidos de personal externo, cuyo trabajo se ha probado necesario para el desarrollo de las funciones básicas de la institución, se está traduciendo además en una dejadez absoluta en la obligación de la Biblioteca Nacional en la catalogación, preservación y difusión de los materiales que custodia, cargando sobre el personal público las tareas que realizaba el personal externo despedido.
http://www.cntvalladolid.es/spip.php?article1094
El SOV de CNT-AIT de Chiclana mantiene un conflicto con Mercadona por la política de acoso llevada a cabo por el encargado de tienda y posterior despido de una trabajadora de uno de los varios supermercados que posee esta empresa en la localidad de San Fernando ( Cádiz ).
Dentro de este conflicto la CNT-AIT de Chiclana ha convocado una concentración para el próximo sabado 17 de diciembre a las 12.00 horas, ante las puertas del supermercado MERCADONA de la calle San Marcos, 185, en donde trabajaba nuestra compañera Silvia.
La protesta ha transcurrido delante del Consistorio jerezano y ha reunido a un grupo de empleadas y del comité de empresa, en representación de las 450 trabajadoras que integran la plantilla, para reclamar el pago de las dos últimas nóminas de octubre y noviembre, ya que continúan sin saber cuándo se les ingresará el dinero de la transferencia realizada por la Junta de Andalucía.
La alcaldesa anunció la pasada semana que la Administración andaluza ya había firmado la resolución de la transferencia que habitualmente costea la mayor parte de los salarios, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, y que "en los próximos días" las trabajadoras iban a cobrar.
Además de cortar el tráfico y concentrarse a las puertas del Ayuntamiento a diario desde hace más de un mes, hace dos semanas las trabajadoras interrumpieron el Pleno municipal para exigir soluciones a la alcaldesa, después de encadenarse al Belén Municipal y empapelarlo con carteles reivindicativos.
Más de 450 personas, en su mayoría mujeres, prestan sus servicios en esta concesionaria municipal, cuya media de salarios no supera los 800 euros.
