La petición del Ministerio Público se produjo después de que la titular del inmueble Zaragoza Urbana lo requiriera igualmente como afectada por la ocupación de los activistas. Estos han transformado las instalaciones en un punto de encuentro de la ciudadanía donde se organizan talleres, conferencias y conciertos en respuesta a años de abandono de un inmueble que estaba llamado a ser el primer hotel de cinco estrellas y cuyo proyecto se quedó en el camino.
Dicha medida debía ser autorizada por el juez que instruye la denuncia que formuló la promotora a finales de julio. Un escrito que por reparto recayó en el juzgado de Instrucción nº1 de Cádiz. Fuentes policiales consultadas por este medio confirmaron ayer que la unidad adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional estaba realizando las primeras notificaciones a las cabezas visibles del movimiento 'Valcárcel Recuperado' para que procedan a desocupar pacíficamente el inmueble. Para realizar esa tarea, los agentes han tenido que echar mano de la documentación que fueron elaborando durante los primeros días de ocupación en junio, identificando a los supuestos cabecillas de los okupas. No está siendo una labor fácil ya que el movimiento se nutrió de una amalgama de personas, algunas sin domicilio fijo o incluso con residencia fuera de la ciudad. Estos activistas deberán comparecer en el juzgado donde se les comunicará su condición de denunciados y la obligación de abandonar Valcárcel en un determinado plazo.
Cuando se confirmó la denuncia interpuesta por Zaragoza Urbana, días después los representantes de la firma fueron citados en sede judicial para ratificar el contenido de la misma y para que aclararan algunos aspectos como las medidas que planteaba para restituir el estado anterior del inmueble. Entre las preguntas que les formularon fue si pedían expresamente el desalojo de Valcárcel y la respuesta de Zaragoza Urbana fue afirmativa. Ante esa demanda de la parte perjudicada, el Ministerio Público emitió un informe favorable al desalojo que entregó al juez el 14 de noviembre.
Los argumentos esgrimidos por la promotora es que existe riesgo de derrumbe y peligro para los okupas, algo que también ha apoyado la Fiscalía en su informe. La denuncia de Zaragoza Urbana no iba en contra de ninguna persona física sino que su acción legal pretendía un desalojo que se antoja incómodo por el tiempo que ha transcurrido desde que el fiscal lo pidió y aún no se ha llevado a cabo.
El mal estado del edificio ha sido siempre rechazado por los protagonistas del primer movimiento masivo de ocupación en la ciudad, que alegan a su favor que desde que se ha recuperado el inmueble, lo han adecentado. Además, tras conocerse en julio la denuncia de la promotora, esgrimieron un informe que ellos mismos encargaron donde se negaba cualquier peligro de derrumbe.
Lo cierto es que con el paso de los meses, el ímpetu inicial y la actividad cultural se ha ido diluyendo, con algún repunte puntual, y dentro de los activistas empezaron a aparecer las primeras fisuras a raíz de la propuesta de algunos de ofrecer techo y trabajo a indignados de otras zonas del país. Aunque el movimiento siempre ha denominado Valcárcel como una suerte de casa de pueblo, de uso público, el acceso a las propias instalaciones llegó a estar en manos de unos pocos: aquellos que custodiaban con celo las llaves tras instalar sus propios cierres.
La orden de desalojo llega días antes de que se celebre los seis meses de ocupación para lo cual los okupas habían preparado una programación de actos. La orden de desalojo puede tener un efecto llamada, que reactive el movimiento de indignados en la ciudad. En el caso de que no se produzca una salida pacífica, el juez pasaría a ordenar a la Policía que ejecute la orden.
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